Senadores proponen un impuesto del 3% a los videojuegos en México

 

Según los integrantes del Senado mexicano el impuesto tendría finalidad social.

Meses después de que se anunciara un posible impuesto a los videojuegos en la principal economía del globo, en algunos otros países se tiene intención de hacer lo propio y colocar algún gravamen a las consolas, periféricos y software; sin embargo, es de hacer notar que en estos otros casos las motivaciones son muy distintas a una guerra comercial y aunque se manejan tasas menores, resulta obvio que de darse el caso tendrá sus implicaciones e impacto.

Integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron que se grave con el 3% la importación de consolas y su respectivo software. Esto tendría según los senadores un trasfondo de promoción del deporte y la recreación en los 31 estados de la república mexicana, ya que se pretende que la recaudación de este tributo sea destinada a la construcción de instalaciones deportivas en distintas ciudades del territorio; con la consecuente formación de academias de fútbol y otros deportes.

Durante la intervención en el senado se mencionó como argumento que los videojuegos son más que nada orientados al ocio y el entretenimiento, cosa que si bien es cierta, deja fuera de consideración ciertas circunstancias del actual contexto como es el caso del auge de la escena de los deportes electrónicos a nivel mundial. Esto porque que en contraposición a lo expresado por los senadores se estaría manteniendo un contexto que ralentiza la promoción y crecimiento de estos últimos en el país azteca; no solo porque queda de manifiesto que todavía no se tiene una percepción adecuada de este ámbito, sino además porque -como en toda actividad económica importante- los impuestos constituyen un notable desincentivo, esta vez con el añadido de seguir apostando a lo tradicional.

Según algunas consultoras y estudios, la industria del videojuego en México reportó unos ingresos globales de $27 mil 32 millones (alrededor de US$1 mil 400 millones), de los que si se hubiera aplicado el impuesto el año pasado, unos $811 millones habrían ido a parar a manos del Estado.

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